
Alzira ha demostrado que cuando existe una hoja de ruta clara, liderazgo político y músculo técnico, la prevención de incendios forestales deja de ser un deseo y se convierte en resultados tangibles. La ciudad ha impulsado una estrategia integral que combina planificación, normativa, gestión forestal, implicación ciudadana y actuaciones subsidiarias que marcan la diferencia en entornos urbano-forestales complejos.
Alzira (47.000 habitantes) es la capital de la Ribera Alta del Júcar, en el sur de la provincia de Valencia. Cuenta en la parte más oriental de su término municipal con las Sierras de la Murta y les Agulles, en cuyas faldas se ubican hasta quince urbanizaciones (7.000 habitantes en la temporada de riesgo de incendios) rodeadas de terreno forestal.
La gestión forestal y de reducción del riesgo de incendios es una política local prioritaria, lo que ha proporcionado un notable impulso a la elaboración de una estrategia amplia y diversificada de acción que se refleja en las numerosas normas y planes redactados para darles forma. En 2021 se redacta el Plan Local de prevención de Incendios Forestales, que además de diagnosticar la situación de partida, define las actuaciones, infraestructuras y normas destinadas a prevenir los incendios forestales.
Además de un plan de quemas agrícolas, que defina la metodología que se debe aplicar para esta herramienta de gestión de los restos agrícolas, el Plan lanza también campañas de informativas y de concienciación de manera periódica, propone la formación del voluntariado ambiental de vigilancia, y campañas para la autoprotección en las urbanizaciones y zonas detectadas como de mayor riesgo.
Pero son las actuaciones selvícolas definidas en el Plan seguramente las más relevantes. La localización de puntos de agua e hidrantes, los desbroces en áreas críticas o la señalización de rutas de evacuación en caso de incendio son algunas de ellas. La más singular, sin duda, es la metodología y la aplicación para la ejecución subsidiaria de las fajas perimetrales de protección de sus urbanizaciones, a partir de la priorización establecida en el Plan. Se trata de ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento que asume sus competencias de prevención de incendios ante las dificultades de los vecinos y vecinas para su ejecución.
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