Los montes proindiviso o “montes de socios” son montes de propiedad privada con decenas de propietarios y que hasta hace unas décadas se explotaban en régimen comunal y aseguraban el mantenimiento de de la sociedad rural. La desaparición de los usos comunales ha provocado el abandono de estos montes, lo que se ha querido solucionar mediante una concentración parcelaria que permite la identificación de socios con parcelas concretas.
En mitad del siglo XIX, la desamortización de Madoz provocó que muchos vecinos y vecinas tuvieran que comprar, en un ejercicio de colectivismo inédito, los montes de propiedad noble o de la iglesia a cuyo uso tenían derecho desde tiempos inmemoriales. Era la manera de poder continuar con los usos del monte que les servían de sustento. Son los “montes de socios”, en los que cada hogar era propietario de un trozo de monte, proporcional en tamaño al dinero aportado para la adquisición, y que se explotaron hasta hace unas décadas en régimen comunal. Una vez que decaen esos usos tradicionales y el modo de explotación comunal se hace menos competitivo, la estructura vegetal se va simplificando y aumentando el riesgo de sufrir incendios forestales.
Para abordar esta problemática, la administración regional apuesta por una labor de localización, identificación y reparto del monte en parcelas que se asocian con cada uno de los propietarios, de manera que su gestión pueda llevarse a cabo de forma personalizada. La administración corre con los gastos de gestión y tramitación, así como la ordenación del monte y la disposición de viales para su mantenimiento y uso por parte de los propietarios que, gracias a esta iniciativa, pueden identificar, registrar y aprovechar unas parcelas forestales hasta entonces ilocalizadas.
Se trata de procesos complejos, de tramitación administrativa dilatada en el tiempo y de costes elevados (unos 1.000 euros/ha.) pero que proporcionan una relación más directa entre el monte y la población local.
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